jueves, 2 de marzo de 2023

La naturaleza de dicho servicio no se desvirtúa por el hecho que no se sujete a horarios o rutas predeterminadas, ni por la falta de regulación del precio, o por ser prestado a través de vehículos tomados en arriendo.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. «No se discute que el servicio fue prestado conforme a horarios, frecuencias, rutas y precios internamente pactados, y facturado en línea con las instrucciones impartidas por el contratante (con o sin conductor para distinguir la aplicación o no de condiciones laborales de la contratante), lo cual no lo desnaturaliza como servicio público especial, como lo pretende la DIAN, como quiera que fue la propia norma reglamentaria la que determinó expresamente que el servicio especial de transporte terrestre, debía ser prestado bajo las condiciones estipuladas por las partes (artículo 22 D 174 de 2001). Es por todo lo anterior que no comparte la Sala el argumento de la DIAN, respecto de que el transporte terrestre automotor especial (prestado a personas) no se enmarca como transporte público, bajo el señalamiento de que en el transporte público prevalece la libertad de acceso en igualdad de condiciones del público en general, y que el precio es regulado por el Estado. En primer lugar debe tenerse en cuenta que, la categorización del servicio especial de transporte terrestre automotor, como servicio público, proviene de la propia norma que regula la materia, Decreto 174 de 2001; en segundo lugar, que se trata de un servicio público que presenta unas particularidades especiales determinadas igualmente por el reglamento y por último, que respecto de este servicio es predicable la libertad de acceso, prueba de esto es el hecho de que cualquier grupo de personas puede acceder al mismo. No puede desconocerse el carácter de servicio público al transporte terrestre especial de personas, por el hecho de que el precio no esté regulado por el estado o no se sujete a horarios o rutas predeterminadas, cuando fue el marco regulatorio el que, le determinó características y particularidades especiales y lo categorizó como servicio público. En criterio de la Sala, resulta suficiente todo lo anterior para reconocer en el caso sometido a análisis, el carácter de servicio público, sin que esta conclusión se vea afectada porque el servicio sea prestado con vehículos de terceros, o en virtud de contratos de colaboración empresarial y/o de arrendamiento, en tanto la normativa no lo restringe. […] Repárese que [el artículo 24 del Decreto 174 de 2001] consagra los contratos de colaboración empresarial como una alternativa, es potestativo (“podrán”), no es mandatorio hacerlo, como equívocamente lo plantea la entidad demandada.»

Para más información, consultar la Alta Corte: CE S IV – 2023.